En este artículo se compara el Derecho Penal antiguo con el contemporáneo y se analiza la aplicación del principio de legalidad en ambientes de la democracia constitucional moderna, como forma de garantizar la protección a los ciudadanos, tanto como seguridad jurídica como limitación del poder soberano del Estado en el ejercicio del jus puniendi. Abordamos las características de dicho principio y su aplicación a dos nuevos tipos de sanciones, por ejemplo, el blanqueo de capitales. La vasta legislación uruguaya sobre el delito de lavado de activos apunta a la tendencia a abordar la persecución penal y la eficiencia policial, en detrimento de razones dogmáticas penales, retratando un derecho penal con normas periféricas, de cuestionable contenido sustantivo, que relativiza la aplicación de las normas clásicas, en particular, el principio de legalidad.